Según informes de prensa, el Rancho Vargas 2.0 fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Guardia Nacional en 2021. Cuando se cerró, se detuvieron los trabajos de construcción bajo el argumento de que el Diputado Vargas había talado ilegalmente árboles para su construcción. Para empeorar las cosas, también fue acusado de despojar a ejidatarios de sus tierras.
A través de una solicitud de acceso a la información presentada ante PROFEPA, se obtuvo una copia del expediente de clausura de la propiedad, y los hallazgos son reveladores.
Otra adquisición sospechosa que se suma al récord
El Rancho Vargas 2.0 está ubicado a lo largo de la carretera Huixquilucan-La Marquesa en el Estado de México. Las estimaciones basadas en sitios cartográficos calculan una superficie construida de aproximadamente 12,000 metros cuadrados. En su declaración patrimonial, Vargas indicó que el rancho tiene una superficie total de 49,000 metros cuadrados y que lo adquirió por 1,500,000 pesos en enero de 2021.
Como parte de esta investigación periodística, se realizó una búsqueda en el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM); sin embargo, no se encontró ningún registro. Se presume que no se encontró un registro de la transacción en el IFREM porque, en la misma declaración, Vargas indicó que el valor de adquisición de la propiedad se basó en un contrato y no en una escritura pública. Es decir, es posible que Vargas no haya formalizado la compra.
Si la información proporcionada en la declaración es correcta, esto significaría que Vargas pagó un promedio de 30 pesos por metro cuadrado.
Tras su adquisición, el rancho fue remodelado: se pintó la fachada y muros exteriores y se inició la construcción de ampliación de muros interiores. Asimismo, las vistas satelitales permiten ver que en 2021, se llevaron a cabo obras de construcción al interior de del predio tras demoler la construcción anterior.
La Renovación de Lujo
Según informes de prensa, el 13 de agosto de 2021—el año en que se adquirió la propiedad—la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Guardia Nacional la clausuraron y detuvieron los trabajos de construcción, presuntamente debido a la tala ilegal de árboles para su desarrollo, así como al despojo de tierras a ejidatarios.
A través de una solicitud de acceso a la información presentada a PROFEPA, se obtuvo una copia del expediente de clausura de la propiedad. Este incluye testimonios de los inspectores de la Procuraduría General, quienes afirmaron que se estaban llevando a cabo trabajos de construcción en el interior.
Según las autoridades, Vargas construyó una terraza de 1,050 metros cuadrados, ocho establos, varios caminos de terracería y zanjas para la recolección de agua. De acuerdo con el expediente exclusivo, tales obras implicaron la remoción de vegetación natural, incluyendo árboles de aguacatillo, aile, oyamel, encinos y raíces de vegetación nativa. Para empeorar las cosas, el expediente indica que el dueño del rancho no presentó prueba de un permiso de cambio de uso de suelo para tierras forestales, el cual debe ser emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
